Los socialistas se dividen en el debate y el PP dice que es un error circunscribir el recorte de gasto a los organismos provinciales
19.08.11 - 00:37 - 
Mil millones de euros y mil cargos políticos. Ese sería el ahorro resultante del adelgazamiento de las diputaciones provinciales, según las cuentas que hizo ayer Alfredo Pérez Rubalcaba. El candidato socialista se abstuvo de reclamar la desaparición de estos organismos, como hizo anteayer con vehemencia el portavoz del Gobierno, José Blanco, y abogó por «transformarlos». Unas diferencias que también se reprodujeron en el PSOE, dividido entre partidarios de la abolición de los entes provinciales y los defensores de su pervivencia.
Rubalcaba insufló dosis de electoralismo al debate sobre las diputaciones y señaló que entre prescindir de «maestros y médicos, o diputados provinciales» él prefería que desaparezcan los segundos. Una opción con la que pocos podrían estar en desacuerdo, pero que no refleja en absoluto el fondo de la discusión, que no es otro que el tamaño de las administraciones y la forma de recortar costes para atajar el déficit público.
El candidato del PSOE para las elecciones del 20 de noviembre sostuvo que podar el tamaño de los organismos provinciales y redefinir sus funciones «es ahorrar y hacer un ejercicio de austeridad» coherente para alcanzar el objetivo de situar a fin de este año el déficit en el 6% del PIB, el 4,4% en 2012 y llegar al 3% en 2013.
Dentro de su precampaña electoral, se mostró convencido durante una reunión con colectivos sociales y de vecinos en Vigo que ahora ha llegado «el momento» de reflexionar y transformar estas instituciones del siglo XIX. Algo que no pensaba hace cinco años, cuando el entonces titular de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, expuso al Consejo de Ministros un plan para suprimir las diputaciones y agrupar las poblaciones de menos de mil habitantes. Al menos, así lo relató el propio Sevilla en su blog.
Rubalcaba, no obstante, no se alineó con el ala radical del Gobierno que apuesta por la desaparición de los 38 entes provinciales y cuyo mejor exponente es José Blanco. El candidato apuntó que pueden quedar como organismos prestadores de servicios para los pequeños municipios, ya sea en forma de mancomunidades u otra fórmula jurídica, pero lo que no puede ser es que sigan como están ahora, grandes fortines burocráticos con un presupuesto anual cercano a los 6.500 millones de euros, de los que menos de un 20% se dedican a inversiones.
Apoyos y rechazos
Pero el PSOE no comparte sin fisuras la opinión del exvicepresidente y exministro. A los rechazos expresados por diferentes presidentes socialistas de diputación y también gobernantes autonómicos, como el andaluz José Antonio Griñán, se sucedieron ayer las muestras de apoyo a la propuesta de reformar las entidades provinciales. Los secretarios generales del PSOE en Galicia y la Comunidad Valenciana, Manuel 'Pachi' Vázquez y Jorge Alarte, mostraron su sintonía con las ideas de Rubalcaba. También el portavoz en el Parlamento de Andalucía, Mario Jiménez, compartió ese criterio en otra muestra de las diferencias desatadas en el PSOE de esa comunidad tras el relevo de Manuel Chaves por Griñán.
El PP, entretanto, siguió el debate con cautela, ya que su posición nada entre las aguas de la reforma de las diputaciones sin que desaparezcan porque son necesarias y no son el problema fundamental del tamaño de las administraciones públicas. El partido opositor aprobó en julio, durante un cónclave de alcaldes y presidentes de diputación celebrado en Pontevedra y presidido por Mariano Rajoy, un documento en el que apuesta por «modernizar» los organismos provinciales porque «carece de rigor» exigir su desaparición cuando prestan un servicio fundamental para la supervivencia de los pequeños municipios.
Los populares mantienen en ese texto que es necesario abrir un debate «sereno, riguroso y profundo» sobre el funcionamiento de las diferentes administraciones para «racionalizar» el reparto de competencias entre ellas y evitar el solapamiento de competencias. El resultado de este debate, defiende el PP, debería plasmarse en una reforma de la Ley de Bases de Régimen Local que distribuya de forma eficiente las tareas de cada una.
En consonancia con este planteamiento, el vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, lamentó ayer que los socialistas circunscriban el recorte de organismos y funcionarios a estos entes territoriales y no al conjunto de la administración. Alertó además del peligro de trasladar sus competencias a los gobiernos autonómicos porque se generaría «un nuevo centralismo regional».
González Pons comentó que es necesario dejar en un tercio el tamaño de las administraciones porque el de ahora es «tres veces» mayor de lo que se requiere. El proceso de descentralización autonómica, lamentó, ha devenido en una «burocratización» con duplicidad de funciones entre muchos organismos. Pero, matizó desde Valencia, ello no quiere decir que todo lo que sobra está concentrado en las diputaciones. «Es injusto», agregó, hacer ese planteamiento porque va en contra de los intereses de la población residente en los municipios más pequeños.
El responsable de Comunicación del PP reiteró además la oferta de Javier Arenas para llegar un gran pacto entre todas las fuerzas políticas, pero que descanse en los dos partidos mayoritarios ya que uno solo no puede acometer esa tarea.
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