Bruselas propone crear un órgano de alerta temprana y tres mediadores supranacionales para la banca, los seguros y los mercados de valores
FERNANDO PESCADOR CORRESPONSAL. BRUSELAS/ La Verdad
Europa tendrá en 2010 un sistema común de supervisión financiera, destinado a evitar, en lo posible, que se repitan crisis como la que ha sumido al mundo desarrollado en la recesión. En vísperas de la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del G-20 en Pittsburgh, el Ejecutivo comunitario dio forma legal a unos planes consensuados con los Estados miembros que serán abordados con carácter inmediato por el Consejo de Ministros de los Veintisiete.
La Comisión y los socios de la UE admiten, aunque con distintos grados de entusiasmo, que los mecanismos de control de los mercados financieros -los encargados de detectar e impedir desmanes como los que han precipitado al sistema económico mundial al desastre- no han funcionado como debían.
Abandonado el debate sobre un único supervisor europeo, con autoridad para imponerse a los reguladores nacionales porque los socios de la UE no lo aceptaban, la fórmula que se perfila es bicéfala: una entidad encargada de detectar situaciones de riesgo a gran escala, que podrían poner en peligro el sistema en general, y un grupo de supervisores de rango supranacional para la banca, los seguros y los mercados de valores, con poderes limitados aunque con prerrogativas para discernir en casos de disconformidad entre reguladores nacionales. Sus decisiones serán vinculantes cuando exista desacuerdo entre los supervisores del estado de establecimiento y el de acogida de una entidad transfronteriza.
Con su publicación en vísperas de la reunión del G-20, la Unión Europea quiere, y no lo oculta, adoptar un papel de liderazgo en las reformas de la arquitectura financiera internacional. «Podemos inspirar un sistema mundial», declaró el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso. También el comisario europeo de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia, celebró la iniciativa. «Es la primera que precisa todos los detalles de un instrumento que todo el mundo considera necesario y urgente», aseveró.
Anticipar riesgos
La primera de las futuras entidades, el denominado Comité europeo de Riesgos Sistémicos, (CERS en sus siglas inglesas), estará compuesto por representantes de más de medio centenar de instituciones: los 27 gobernadores de los bancos centrales de la UE, el presidente y el vicepresidente del BCE, un representante de la Comisión europea y los presidentes de las tres autoridades europeas de supervisión, los supervisores nacionales y el presidente del Comité Económico y Financiero de la UE.
Su función será «identificar riesgos para la estabilidad financiera», en grandes líneas. Podrá emitir advertencias y recomendaciones a países o grupos de países concretos, pero toda su operativa tendrá carácter consultivo; en ningún caso podrá imponer comportamientos a los Estados miembros, como quedó claramente definido durante la cumbre europea del pasado mes de junio.
El Sistema Europeo de Supervisores Financieros (ESFS) potencia las funciones de los comités denominados «de Tercer Nivel», establecidos en la reforma promovida por el Informe Lamfalussy. Sin capacidad ejecutiva alguna, los tres comités que vigilan actualmente el sistema financiero europeo emiten opiniones y directrices no vinculantes para los Estados miembros.
La reforma extiende sus poderes, al darles la facultad de redactar borradores de propuestas sobre reglas comunes (que deberán convalidar, en todo caso, los órganos comunitarios con poder decisorio); facilitar el intercambio de información entre los supervisores nacionales y mediar en casos de discrepancias, ejecutar una supervisión directa sobre las agencias de calificación y coordinar y adoptar un determinado rango de disposiciones en situaciones de crisis.
Estas iniciativas no son recibidas con el mismo entusiasmo por todos los estados miembros de la UE. Para que el Reino Unido acceda a la cesión de poderes, el Ejecutivo comunitario ha tenido que establecer la salvaguardia de que las decisiones que adopten las nuevas autoridades no afectarán en modo alguno a las competencias presupuestarias nacionales. Por el contrario, el gobierno alemán consideró las propuestas «una excelente base».
