Sanidad prepara otro recorte de 200 millones

J. P. PARRA / EP | MURCIA./La Verdad

La consejera matiza que no habrá reducción de plantilla, y su departamento explica que se trata de «reubicar» efectivos

Palacios señala que «la población ha disminuido», con lo que «si tengo menos tarjetas sanitarias necesito menos médicos de familia»

El Gobierno regional prepara un recorte de 200 millones de euros en Sanidad para ajustar sus cuentas al nuevo objetivo de déficit y para tratar de contener la deuda del Servicio Murciano de Salud, que según la cifra ofrecida por la propia consejera, Ángeles Palacios, asciende ya a 1.000 millones de euros. La 'tijera' pasará, entre otros lugares, por Atención Primaria: se baraja desde el cierre de consultorios los sábados por la mañana hasta la revisión de las dotaciones de médicos de familia en cada uno de los centros de salud. Ángeles Palacios ya ha avanzado en varias ocasiones estas medidas, pero ayer, en declaraciones a la agencia Europa Press, fue un paso más allá: «Por primera vez la población ha disminuido en Murcia, por lo que baja el número de tarjetas sanitarias. Los médicos de familia están en función de las tarjetas, y si tengo menos, necesito menos médicos de familia».

Sin embargo, y contrariamente a lo que se deduce de estas palabras, la consejera añadió a renglón seguido que no se reducirá plantilla. Palacios puso como ejemplo un centro de salud «donde antes había cuatro médicos de familia un sábado», cuando, «probablemente, sea suficiente con dos». «No voy a mantener a cuatro porque esto fuera así hace diez años», advirtió. «No es una cuestión de crisis ni de que el paciente se vaya a ver mermado; es que no necesito más», resumió.

Ante las dudas que suscitaron sus declaraciones, la Consejería aseguró a 'La Verdad' que no se está planteando prescindir de médicos de familia, sino «reubicarlos» en función de la demanda asistencial.

Farmacia y central de compras

Sanidad tendrá que concretar en los próximos días sus planes para recortar 200 millones de euros en el gasto sanitario de este año. Según los cálculos de Ángeles Palacios, 30 millones se ahorrarán gracias a la nueva jornada de 37,5 horas semanales, que comenzó a aplicarse precisamente ayer y que dejará en la calle a 400 trabajadores eventuales (mayoritariamente enfermeros y auxiliares). En la factura farmacéutica podrán ahorrarse otros 40 millones (fundamentalmente, gracias a la prescripción por principio activo). Mientras, Sanidad confía en que la central de compras permitirá reducir entre 15 y 20 millones de euros los costes en los procesos de adjudicación.

En el mejor de los casos, y si se cumplen estas previsiones, Sanidad habrá ahorrado con todas estas medidas 90 millones de euros. ¿Dónde meterá la tijera para recortar los 110 millones necesarios para alcanzar el ajuste previsto? Es el 'quid' de la cuestión, y el Gobierno regional tendrá que desvelarlo en los próximos días.

Los recortes en Atención Primaria serán una de las vías para alcanzar el objetivo. Sanidad ya ha trasladado a las mañanas una de cada cuatro consultas de tarde en los centros de salud, para ahorrarse así los complementos que cobran los profesionales por los turnos vespertinos. A ello se sumará el cierre de consultorios los sábados. Pero las medidas también llegarán a los hospitales, con un control «más exhaustivo» del gasto en farmacia hospitalaria, destacó ayer Ángeles Palacios. También se buscará ser «más eficientes» en el consumo de gas, electricidad y teléfono, subrayó.

Deuda 'milmillonaria'

Ángeles Palacios justifica los recortes en la necesidad de poner coto a la deuda del Servicio Murciano de Salud, que engordó durante los años del 'boom' económico y que la propia consejera cifra en 1.000 millones de euros. Hay facturas pendientes de pago desde 2009, a lo que hay que sumar la suspensión del 'confirming' (la operación financiera que permitió a los proveedores cobrar las ventas y servicios correspondientes a parte del año pasado).

Además, Sanidad debe pagar a los bancos el dinero que estos adelantaron a las farmacias durante cinco meses, en 2011, por la falta de liquidez de la administración autonómica.