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lunes, 26 de diciembre de 2011

Reclaman que los exconsejeros de la CAM respondan a las pérdidas con su patrimonio

Propietarios de cuotas participativas preparan una demanda de responsabilidad civil contra el anterior consejo de administración 

26.12.11 - 00:56 - 


A la catarata de reclamaciones y denuncias que el hundimiento de Caja Mediterráneo (CAM) ha provocado por parte de los que se consideran perjudicados está a punto de sumarse una más que va dirigida contra los integrantes del anterior consejo de administración de la caja.
El despacho de abogados Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero, en representación de un grupo de suscriptores de cuotas participativas de CAM (una decena, por ahora) está preparando una demanda de responsabilidad civil contra los integrantes del consejo de administración que aprobó la emisión de estos títulos, realizada en julio de 2008, y a los que pedirá que respondan con sus patrimonios personales de las pérdidas ocasionadas a los inversores. Según explicó a 'La Verdad' Enrique Sanjuán, abogado que trabaja en la demanda, «la emisión de las cuotas participativas se realizó cuando ya se conocía la precaria situación en que se encontraba la entidad y, por tanto, eran conscientes de que no podían responder de la devolución del capital suscrito».
En el año 2008, cuando se aprobó la emisión de las cuotas participativas, el Consejo de Administración de CAM estaba presidido por el empresario alicantino Vicente Sala, ya fallecido, y el vicepresidente primero era el murciano Ángel Martínez.
«Vamos a exigir responsabilidad civil, por la ley de sociedades de capital, porque decidieron captar liquidez en el mercado a sabiendas que no podrían devolver ni el capital ni las rentabilidades», agrega el abogado. El despacho también estudia la responsabilidad del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para determinar si ya eran conscientes de la mala situación de la caja cuando autorizaron la emisión.
La acción del despacho de abogados no se detendrá en esta demanda contra los miembros del consejo de administración, ya que no descarta recurrir a la vía penal, si de la información que obtenga durante la instrucción del caso se desprenden indicios sobre un presunto delito de estafa.

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