Barroso ordena la creación de una comisión que evalúe el impacto económico de la nube

El presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durao Barroso, ha decidido constituir una comisión para valorar el impacto de la situación "sin precedentes" creada por la nube de ceniza expulsada por el volcán islandés en la industria del transporte aéreo y en la economía en general.

CincoDías.com

Ep - Bruselas - 18/04/2010
Barroso desea "asegurarse de que la Unión Europea analiza correctamente la situación para responder apropiadamente, de ser necesario, y que cualquier medida que se adopte en la UE para responder a las consecuencias económicas de esta situación sean coordinadas de manera adecuada", cita el comunicado divulgado por su oficina.
Esta comisión estará encabezada por el vicepresidente de la Comisión y comisario de Transportes, Siim Kallas, que contará con la ayuda del vicepresidente y comisario Europeo de Competencia, Joaquín Almunia, y el comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn.
"La nube de ceniza volcánica ha creado una situación sin precedentes y he pedido al vicepresidente Kallas que coordine la respuesta de la Comisión que evalúe completamente el impacto estimado sobre la economía. Es importante que todas las medidas sean coordinadas a nivel europeo", indicó el presidente de la CE.
Así, Barroso ha solicitado a Kallas que trabaje estrechamente con la Presidencia española del consejo de Ministros de Transporte de la Unión Europea con vistas a desarrollar los contactos apropiados entre los estados miembros. De igual modo, mantendrá el contacto directo con la coordinadora europea del tráfico aéreo, Eurocontrol y las autoridades nacionales en relación al desarrollo del espacio aéreo y las suspensiones de vuelos.

La Ley de Economía Sostenible hará que se agilicen enormemente los trámites burocráticos para empresas y ciudadanos

PSRM-PSOE
El senador socialista Manuel Hurtado afirma que la Administración de Justicia será más ágil, se eliminará burocracia en los organismos públicos, y una sociedad se podrá crear entre 1 y 5 días
El senador socialista por la Región de Murcia Manuel Hurtado explicó que la Estrategia de Economía Sostenible presentada en el Congreso por el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, “pretende impulsar la recuperación económica por el camino del crecimiento equilibrado y generador de empleo, además de renovar el modelo de crecimiento de la economía española para hacerlo sólido y duradero en el tiempo”.
“Las reformas modernizadoras para la sostenibilidad económica, medioambiental y social, ya se están llevando a cabo, y van a continuar durante la presente legislatura”, añadió.
Hurtado afirmó que dichas reformas pretenden una Administración de Justicia ágil y rápida, aumentar el peso de la industria, sobre todo en lo relativo a las energías renovables, la biotecnología o el sector aeroespacial –entre otros-, eliminar la burocracia y los trámites innecesarios para empresas y ciudadanos, un modelo energético sostenible, fortalecer el Estado del Bienestar y aumentar el empleo estable.
De entre las iniciativas que ya se han puesto en marcha, Hurtado destacó las propuestas de reforma del mercado laboral y del sistema de pensiones, los planes de austeridad y de prevención contra el fraude, la reestructuración de las líneas ICO, o las Leyes de Registro Civil, de Mediación y Arbitraje y de Ciencia.
25.000 millones de euros
La Estrategia de Economía Sostenible se complementa con el Fondo para la Economía Sostenible, dotado con 20.000 millones de euros hasta 2011, y con el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, dotado con 5.000 millones de euros.
El senador socialista murciano puso algunos ejemplos de cómo va a influir la Ley de Economía Sostenible en la vida diaria de los ciudadanos, entre ellos el hecho de que serán suficientes entre 1 y 5 días para constituir una sociedad mercantil, el aumento del espacio en el espectro radioeléctrico que permitirá más servicios de comunicaciones, la potenciación de los coches eléctricos, etc.

El pago simbólico por visita médica no convence a políticos ni a expertos

El Gobierno ha hecho cuentas y la fórmula no es rentable - Aplicar los modelos de otros países europeos aportaría más perjuicios que beneficios
MARÍA R. SAHUQUILLO - Madrid - 16/04/2010 / El País.com

La mayoría de países de la UE aplica algún tipo de aportación asistencial del usuario, una cantidad que se abona al ir al médico. Algunos lo ven como un buen elemento disuasorio de visitas innecesarias. Otros creen que entraña el riesgo de expulsar del sistema a los más necesitados. Como medida recaudatoria no compensa

¿Qué pasaría si tuviera que pagar dos euros por consulta médica? ¿Y cinco cada vez que vaya a urgencias? El debate sobre el llamado copago es antiguo en España. Ahora, en un momento en que toca apretarse el cinturón, con una sanidad pública que padece de déficit crónico y una deuda de más de 12.000 millones de euros, resucita para algunos como una posible receta a aplicar. No tanto para aportar nuevos recursos al sistema (financiación), sino más bien como una medida disuasoria. Pero el sistema, que ya se utiliza de distintas formas en muchos países de la UE, tiene sus riesgos: puede privar del uso de la sanidad a muchos que lo necesitan. Su rentabilidad, además, está en duda.

"No sería copago, sería repago", dispara Gaspar Llamazares, diputado de Izquierda Unida en el Congreso y presidente de la subcomisión de Sanidad. "Los ciudadanos ya financian el sistema público con sus impuestos. Se les pediría que lo vuelvan a financiar, con evidente peligro para su salud. Sobre todo para los que tienen menos cultura sanitaria, que podrían dejar de ir al médico cuando lo necesitan", añade. No es una opinión aislada. La coordinadora de Política Social del PP y ex ministra de Sanidad, Ana Pastor, también rechaza la receta. El acuerdo en el terreno político es casi unánime. Salvando las voces de algunos consejeros autonómicos, que como Cataluña ha abierto el debate en diversas ocasiones. Ni el Gobierno ni los grupos parlamentarios son partidarios del copago asistencial. De hecho, en 2009 el Congreso aprobó una proposición no de ley que rechazaba este mecanismo.
Una fórmula "peligrosa", según el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos. "Desde el punto de vista recaudatorio el copago no sería válido. El sistema español se basa en los impuestos y el copago apenas aportaría beneficios. Y desde el punto de vista disuasorio el riesgo que supone es grande", apunta. "Puede haber pacientes con un problema de salud que han dejado de ir al médico por cuestiones económicas y que cuando finalmente terminan acudiendo, la patología que sufren ya es mucho más difícil y costosa", aclara Pastor.
El Ministerio de Sanidad ha hecho sus cuentas y ha visto que introducir el copago asistencial no compensa económicamente. "La mayoría de gastos que enfrenta el sistema de salud son fijos. El ahorro que puede suponer que se reduzcan las visitas a urgencias por este mecanismo moderador aporta eficiencia al sistema, pero no supone apenas beneficio económico", aclara el secretario general de Sanidad.
El consejero de Sanidad de Asturias, Ramón Quirós, tampoco cree en su valor recaudatorio. "Debería debatirse, en todo caso, cuál debe ser su utilidad para ayudar a responsabilizar a todos de la pervivencia del sistema. Esta, además, como medida aislada no sería útil", dice.
En muchos países de la UE funciona algún tipo de copago asistencial. Los modelos son diversos: desde una cantidad fija por consulta, algo que ya funciona en Portugal, por ejemplo; a un dinero que se adelanta y luego se reembolsa, como se hace en Francia. En Suecia, por ejemplo, se paga, incluso por día de hospitalización. "Sólo Reino Unido, como España, no tienen ninguna de esas medidas", explica María del Mar Martínez, consultora especializada de McKinsey. "Esto no es un tema de rentabilidad, sino de percepción de que la sanidad cuesta. En España se debería aplicar como un mecanismo moderador de la demanda", dice. Sin embargo, aclara, antes de hacerlo habría que pensar muy bien cómo.
En Alemania, por ejemplo, donde se introdujo el copago en atención primaria como una especie de tarifa plana trimestral, se redujo la afluencia médica en un primer momento. "Hasta que los ciudadanos percibieron que podían pagar una vez y luego ir al médico todas las veces que querían", dice Martínez, quien recuerda que los españoles son de los ciudadanos europeos que más van al médico (8,1 veces frente a las 5,8 veces de la media de la Europa de los 15).
Martínez, como otros, llama la atención, además, de que la fórmula correcta debería basarse en la renta de las personas. Algo que, sin embargo, según Llamazares, sería muy complicado. "Habría que crear un sistema administrativo específico, y esto sería más caro que lo recaudado", añade. Esta medida disuasoria, dice Martínez Olmos, no sería correcta. Sanidad apuesta por otras fórmulas de corresponsabilización basadas en la información. Como las llamadas facturas en la sombra, en la que se informa al ciudadano de lo que ha costado su atención.

El Gobierno licitará 17.000 millones para infraestructuras

La mayor parte de esta inversión se destinará a mejorar las redes ferroviarias y el transporte de mercancías
EFE El Gobierno licitará obras de infraestructuras por 17.000 millones de euros durante 2010 y 2011, dentro de un plan extraordinario de inversión en el que la financiación se efectuará mediante la colaboración público-privada.
Este Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI), anunciado hoy por el presidente del Gobierno, Jose Luis Rodríguez Zapatero, contempla que el 70 por ciento de la inversión (11.900 millones) se destine a mejorar las redes ferroviarias de altas prestaciones y de cercanías, así como al transporte de mercancías.
El 30 por ciento restante (5.100 millones) irá a la mejora de infraestructuras viarias y al transporte colectivo por carretera.
La financiación se llevará a cabo con la colaboración del Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Instituto de Crédito Oficial (ICO), la Asociación Española de la Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA).
El plan se basa en un modelo concesional, por el que el Gobierno pagará las infraestructuras, una vez haya terminado su construcción y puesta en servicio, a través de un canon anual a las concesionarias a lo largo de un "amplio periodo de tiempo", unos 25 ó 30 años.
De esta forma, la repercusión sobre las cuentas públicas se aplaza a 2014, cuando entren en funcionamiento las infraestructuras, y el impacto sobre los presupuestos del Ministerio de Fomento no superará el 8% de las partidas previstas para la realización de este tipo de proyectos.

Aplazar el pago del canon

Sólo se incluirán en el PEI los proyectos que estén en avanzado estado de tramitación, lo que permitirá aplazar el pago del canon a las concesionarias con el inicio de los desembolsos que éstas efectuarán a las entidades financieras.
La secretaria de Estado de Infraestructuras, Inmaculada Rodríguez Piñeiro, en un encuentro con la prensa previo al anuncio oficial, destacó que se trata del plan "más ambicioso de infraestructuras con colaboración público-privada que nunca se ha hecho".
Rodríguez Piñeiro no concretó a qué proyectos se refiere la inversión de este plan, aunque sí indicó que tienen diferentes volúmenes de inversión, lo que permitirá la participación de empresas de diversos tamaños, y con ello "se fomenta la competencia y la cooperación entre las compañías del sector".
Asimismo, destacó que el plan, que se beneficiará de la inversión privada, estará sujeto al control público mediante las necesarias inspecciones y la aplicación "de las penalizaciones que procedan en su caso".
La secretaria de Estado de Infraestructuras apuntó que el PEI está destinado a impulsar la reactivación de la economía y el empleo a través de la construcción de infraestructuras.

El Gobierno facilitará las fusiones de las cajas eliminando impuestos

El ejecutivo también estudia ampliar el número de beneficiarios de las deducciones por rehabilitación
JORDI FÀBREGA Y ANA MUGUERZA / CADENA SER 07-04-2010
El Gobierno queire impulsar las fusiones de las cajas de ahorro rebajándoles los impuestos. Es una de las medidas que está ultimando con los grupos.

La medida se aplicaría a aquellas entidades que se fusionen mediante SIP, es decir, uniendo algunos de sus negocios pero manteniendo su marca. Estas cajas no se verían perjudicadas por tener que pagar impuestos más altos a consecuencia de la fusión. Estamos hablando de tributos como el de sociedades o el IVA. Con esta medida se equipararían estas uniones a cualquier otra fusión empresarial.
De esta forma el Gobierno quiere impulsar las integraciones entre cajas de distintas autonomías, garantizando la eficiencia y a la vez que las cajas mantengan su identidad.

En conversaciones

La medida se está negociando con los grupos y formaría parte del acuerdo que el Gobierno quiere aprobar el viernes. También incluiría modificaciones en el régimen contable para regular de forma más clara las cuentas de la nueva sociedad. Hay que tener en cuenta que los SIP (Sistema de Protección Institucional) no se han aplicado prácticamente hasta ahora y que no están plenamente regulados.
El ejecutivo también estudia ampliar el número de beneficiarios de las deducciones por rehabilitación. Inicialmente el Gobierno propuso a los grupos una deducción del 10% en el IRPF por obras de rehabilitación para aquellas personas que ingresan menos de 33.000 euros al año. Ahora estaría dispuesto a aumentar esa.

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